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Administración Ernesto Rojas

Ventajas de contratar una administración de condominios con respaldo jurídico

Casi todos los problemas serios de una comunidad empiezan siendo administrativos y terminan siendo jurídicos. Una multa cursada sin base en el reglamento, un acta mal reducida a escritura pública, un contrato de mantención que nadie leyó, una cobranza que prescribió.

Cuando el análisis legal llega al final del problema, llega a reparar. Cuando está presente desde la gestión diaria, evita que el problema se produzca. Esa es la diferencia práctica entre una administración con respaldo jurídico y una que deriva el asunto cuando ya está instalado.

El reglamento de copropiedad se aplica, no se archiva

El reglamento es el contrato que rige la convivencia y la operación del condominio, y una parte importante de los conflictos nace de aplicarlo mal o de no aplicarlo.

Son nulas absolutamente las disposiciones del reglamento de copropiedad que no se ajusten a las normas legales y al reglamento de la ley, o a las características propias del condominio. Un reglamento antiguo puede contener cláusulas que hoy no se sostienen, y aplicarlas expone a la comunidad.

Revisar el reglamento antes de actuar —y no después del reclamo— es trabajo jurídico hecho en la gestión diaria.

Las multas requieren base en el reglamento

El comité de administración puede dictar normas que faciliten el uso y la administración del condominio, siempre que no impliquen una discriminación arbitraria respecto de cualquiera de sus ocupantes, sean permanentes o transitorios, e imponer las multas que estuvieren contempladas en el reglamento de copropiedad a quienes infrinjan las obligaciones de la ley y de dicho reglamento.

La consecuencia es directa: una multa que no tiene base en el reglamento de copropiedad es difícilmente exigible. Antes de cursarla conviene verificar qué conductas y qué montos contempla el reglamento, y dejar constancia del procedimiento seguido.

Actas, escrituras e inscripciones

Las designaciones de administrador efectuadas por la asamblea deben constar en el acta respectiva, reducida a escritura pública por la persona expresamente facultada en la misma acta o, en su defecto, por cualquiera de los miembros del comité. Copia autorizada debe guardarse en el archivo de documentos del condominio.

Los acuerdos que la ley somete a formalidades y los documentos que deben custodiarse exigen precisión. Un acta redactada con criterio jurídico evita el escenario más caro: tener que repetir una asamblea porque el acuerdo no quedó bien adoptado o bien documentado.

Cobranza con método y, cuando corresponde, con patrocinio

El administrador debe recaudar las obligaciones económicas, emitir certificados sobre el estado de deudas de las unidades, llevar la contabilidad del condominio e informar al comité las gestiones de cobro realizadas respecto de propietarios, arrendatarios u ocupantes morosos.

La ley también contempla, con acuerdo del comité, la suspensión o el requerimiento de suspensión del servicio eléctrico, de telecomunicaciones o de calefacción de aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de gastos comunes. Es una facultad reglada, no una medida de presión informal:

  • Requiere acuerdo o autorización previa del comité de administración y, cuando el condominio no tiene sistemas propios de control del servicio, requerimiento escrito del administrador a la empresa suministradora, con copia al propietario moroso.
  • Debe notificarse por escrito al copropietario o residente con al menos cinco días corridos de anticipación.
  • No puede suspenderse ni solicitarse la suspensión simultánea de más de uno de esos servicios.
  • En caso alguno procede suspender el servicio eléctrico de unidades en que residan personas electrodependientes.
  • No procede respecto de deudas devengadas durante la vigencia de una declaración de estado de catástrofe que afecte al condominio, mientras ésta se mantenga.
  • El pago, o un convenio de pago, evita la suspensión, y si ya se ejecutó obliga a reponer el servicio a más tardar el día hábil siguiente.

Suspender un servicio durante un estado de excepción constitucional de catástrofe es, además, una de las infracciones gravísimas que la ley contempla para el administrador.

Cuando la vía judicial es la que corresponde, se requiere patrocinio de abogado. Tener esa capacidad dentro del mismo equipo acorta plazos y evita que el expediente parta de cero.

Contratos de mantención y proveedores

Ascensores, CCTV, portones, extintores, sala de bombas. Son contratos de ejecución continua, con cláusulas de renovación automática, de exclusividad y de limitación de responsabilidad que rara vez se revisan.

El administrador debe efectuar los actos necesarios para realizar las mantenciones, inspecciones y certificaciones de las instalaciones que lo requieran, entre otras las de gas y los ascensores. Cumplir esa obligación con contratos mal negociados sale caro, y el incumplimiento de las obligaciones de cuidado de los bienes comunes y de mantenciones está entre las infracciones más graves que la ley contempla para los administradores.

Personal, datos y seguridad

La contratación y el término de los contratos de los trabajadores de la copropiedad requieren acuerdo previo del comité, salvo delegación de la asamblea. Detrás de eso hay documentación laboral y previsional que debe estar completa y que se rinde mensualmente.

A ello se suma el tratamiento de datos personales de copropietarios, residentes, arrendatarios y personal, y las grabaciones de cámaras. La administración maneja información sensible y debe resguardarla: no basta con tenerla ordenada, hay que saber qué se puede conservar, por cuánto tiempo y a quién se puede entregar.

Qué cambia en la práctica

  • Se consulta el reglamento antes de cursar una multa, no después del reclamo.
  • Las actas se redactan previendo su reducción a escritura pública.
  • Los contratos de mantención se revisan antes de firmarse y antes de renovarse.
  • La cobranza sigue una secuencia con respaldo documental desde el primer aviso.
  • Cuando hay que ir a tribunales, el expediente ya está armado.

Una aclaración necesaria

Contar con respaldo jurídico no garantiza resultados. Cada caso se evalúa según sus antecedentes y la normativa aplicable. Lo que sí cambia es la probabilidad de que un problema evitable llegue a producirse, y el costo de resolverlo cuando se produce.

Sobre el autor

Ernesto Rojas

Ernesto Rojas Gamboa es abogado de la Universidad Central de Chile, con estudios de Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral, diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Administración para la Gestión en las Organizaciones de la Universidad Diego Portales. Actualmente cursa un MBA en la Universidad de Santiago de Chile. Es administrador de condominios desde 2021, inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, evaluador de competencias laborales de ChileValora en el perfil de administrador de condominios y docente de Administración de Edificios y Condominios en el CFT ICCE. Es fundador y director de Rojas Legal Inmobiliario.

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