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Administración Ernesto Rojas

Cómo elegir una empresa de administración de condominios en Chile

Cambiar de administración es una de las decisiones que más efectos tiene sobre el patrimonio de una comunidad, y suele tomarse con poca información: dos o tres propuestas, una comparación de honorarios y una votación. El precio, sin embargo, es el último criterio que debería mirarse.

La Ley N.º 21.442 fijó requisitos de entrada a la actividad y un régimen de responsabilidad que antes no existía. Eso le da al comité una base objetiva para comparar: antes de evaluar estilo o tarifa, puede verificar si quien se presenta está habilitado para ejercer.

Lo primero: la inscripción en el Registro Nacional

La Ley N.º 21.442 creó el Registro Nacional de Administradores de Condominios, de carácter público, obligatorio y gratuito, a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La inscripción es requisito previo para ejercer la actividad, sea a título gratuito u oneroso: no es una credencial opcional ni un sello de calidad voluntario.

Para la comunidad esto significa algo muy concreto. Si quien se presenta a administrar no está inscrito y vigente, no está habilitado para ejercer, por buena que sea su propuesta. La verificación es gratuita y toma minutos en la plataforma del Ministerio.

El Registro no solo identifica al administrador. Son de público conocimiento, entre otros datos, los cursos o certificaciones que acreditó, los condominios en que presta servicios, las sanciones firmes y ejecutoriadas, el estado de su inscripción y si está inscrito a título gratuito, oneroso o ambos. Es la única fuente pública que permite contrastar lo que una propuesta afirma.

La inscripción se acredita con un certificado de inscripción vigente, que se obtiene en la plataforma digital y tiene una vigencia de 60 días desde su emisión. Pida uno reciente: un certificado antiguo no prueba que la inscripción siga vigente. El reglamento del Registro exige, además, que los inscritos actualicen cada año sus antecedentes.

Qué exige la ley para administrar a título oneroso

No pueden inscribirse quienes hayan sido condenados por alguno de los delitos contemplados en los Títulos VIII y IX del Libro Segundo del Código Penal. Tratándose de personas jurídicas, la inhabilidad alcanza a aquellas en que un socio, director o representante haya sido condenado por esos delitos.

Quien administra a título oneroso debe cumplir, además, dos requisitos:

  • Acreditar licencia de enseñanza media.
  • Haber aprobado un curso de capacitación en materias de administración de condominios impartido por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, o por un organismo técnico de capacitación acreditado por el SENCE; o bien contar con certificación de competencia laboral otorgada por un centro acreditado por ChileValora.

Cuando el administrador es una persona jurídica, al menos uno de los socios o el representante legal debe cumplir esos requisitos, y su objeto social debe incluir la administración de condominios. Además, la persona natural que efectivamente ejerza el rol de administrador o subadministrador debe estar inscrita en el Registro: la empresa debe presentar la nómina de quienes administrarán, cada uno con su propia inscripción.

Ese último punto es el que más se pasa por alto. Una empresa inscrita no habilita automáticamente a cualquiera de sus ejecutivos: el comité debe saber quién va a administrar su comunidad, con nombre y apellido, y verificar la inscripción de esa persona.

Qué revisar en la propuesta, más allá del precio

La ley describe con detalle lo que el administrador debe hacer. Una propuesta seria debería explicar cómo lo va a hacer, no limitarse a enumerar obligaciones legales como si fueran servicios adicionales.

Conviene exigir que la propuesta precise, al menos:

  • Rendición de cuentas. El administrador debe rendir cuenta documentada y pormenorizada ante el comité en forma mensual, y ante la asamblea en cada sesión ordinaria y al término de su administración. Cada cuenta debe consignar el detalle de ingresos y gastos, las remuneraciones y los pagos de seguridad social del personal contratado, el saldo de caja, una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, sus cartolas y el respaldo de pago de los seguros contratados.
  • Plazos de información. Esa documentación debe estar a disposición de copropietarios y arrendatarios con al menos veinticuatro horas de antelación a la sesión en que deba rendirse.
  • Presupuesto anual. El administrador debe confeccionar un presupuesto estimativo a doce meses, remitirlo al comité y a cada copropietario con al menos treinta días de antelación al inicio del período, y recibir observaciones hasta quince días antes. Lo aprueba el comité.
  • Seguridad y certificaciones. Mantenciones, inspecciones y certificaciones de instalaciones, en particular gas y ascensores, con el procedimiento de notificación al comité que la ley establece.
  • Seguros. Contratación del seguro colectivo contra incendio y revisión anual de vigencias, sumas aseguradas, deducibles y exclusiones.
  • Personal. Contratación y término de contratos de los trabajadores de la copropiedad, previo acuerdo del comité, y la documentación laboral y previsional correspondiente.

Señales de alerta

  • No figura inscrito, o la propuesta evita identificar a la persona natural que administrará.
  • Ofrece un honorario muy por debajo del mercado sin explicar qué deja fuera. Lo que no está en el honorario se cobra después o no se hace.
  • Promete resultados numéricos de reducción de morosidad. Ningún resultado puede garantizarse: depende de los antecedentes de cada comunidad.
  • No distingue entre la gestión del administrador y las actuaciones judiciales, que no se incluyen automáticamente.
  • No ofrece un modelo de rendición mensual ni un ejemplo de informe de gestión.
  • Entrega la propuesta sin haber visitado la comunidad ni revisado su reglamento de copropiedad.

Checklist antes de decidir

  • Verificar la inscripción vigente en el Registro Nacional, de la empresa y de la persona que administrará, y pedir el certificado de inscripción emitido dentro de los últimos 60 días.
  • Revisar en el Registro si la inscripción es a título oneroso y si registra sanciones.
  • Pedir un ejemplo real de rendición mensual y de informe de gestión, con datos anonimizados.
  • Preguntar con qué frecuencia habrá presencia en terreno y quién responde fuera de horario.
  • Confirmar por escrito qué incluye el honorario y qué se cobra aparte.
  • Confirmar la forma de pago, el documento de cobro y su tratamiento tributario.
  • Revisar que la propuesta considere el reglamento de copropiedad vigente de la comunidad, no un modelo genérico.

Sobre el autor

Ernesto Rojas

Ernesto Rojas Gamboa es abogado de la Universidad Central de Chile, con estudios de Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral, diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Administración para la Gestión en las Organizaciones de la Universidad Diego Portales. Actualmente cursa un MBA en la Universidad de Santiago de Chile. Es administrador de condominios desde 2021, inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, evaluador de competencias laborales de ChileValora en el perfil de administrador de condominios y docente de Administración de Edificios y Condominios en el CFT ICCE. Es fundador y director de Rojas Legal Inmobiliario.

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