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Nueva regulación de seguridad privada: efectos en condominios
La Ley N.º 21.659 creó un régimen orgánico para las actividades de seguridad privada y su reglamento desarrolló autorizaciones, registros, capacitación y fiscalización. Su impacto en un condominio depende de las funciones efectivamente contratadas, no del nombre que se dé al cargo.
Primero: distinguir funciones
Atender residentes, recibir correspondencia y coordinar servicios no es lo mismo que vigilar, controlar riesgos o proteger bienes. Si un trabajador realiza materialmente actividades de seguridad privada, pueden aplicarse requisitos de autorización, capacitación e identificación. Cambiar la denominación del contrato no evita la normativa. El reglamento regula además, en forma especial, a porteros, nocheros, rondines y otros de similar carácter, que protegen personas o bienes sin tener la calidad de guardias de seguridad.
Personal y empresas autorizadas
La administración debe verificar que la empresa y las personas asignadas cuenten con las autorizaciones exigibles y que estas se mantengan vigentes. El reglamento contempla registros y requisitos para guardias, operadores de cámaras, instaladores y otras funciones. Contratar a un proveedor no elimina el deber de supervisar la documentación.
Cámaras, alarmas y protocolos
Los sistemas deben responder a riesgos concretos y tener responsables, reglas de acceso, mantención y reacción. Una cámara que no graba, una alarma sin protocolo o un control de acceso sin respaldo producen una falsa sensación de seguridad. La operación también debe respetar la normativa sobre datos personales.
¿El condominio es una entidad obligada?
No debe presumirse que todos los edificios lo son. Las entidades obligadas son declaradas por resolución de la Subsecretaría de Prevención del Delito, previo informe de la autoridad fiscalizadora y según criterios de riesgo. Si existe una resolución o requerimiento, el condominio deberá cumplir las medidas y estudios que correspondan. En ausencia de esa calificación, igualmente puede contratar medidas voluntarias sujetas a la regulación aplicable.
Auditoría recomendada
- Describir funciones reales de cada cargo.
- Revisar contratos laborales y de servicios.
- Verificar autorizaciones y fechas de vencimiento.
- Inventariar cámaras, alarmas y accesos.
- Actualizar protocolos de incidentes.
- Regular custodia y entrega de grabaciones.
- Exigir respaldos antes de pagar facturas.
Riesgo de incumplimiento
La normativa contempla fiscalización, denuncias ante el Juzgado de Policía Local y sanciones. La respuesta correcta es regularizar funciones y proveedores, no eliminar controles esenciales sin un plan alternativo.
Sobre el autor
Ernesto Rojas
Ernesto Rojas Gamboa es abogado de la Universidad Central de Chile, con estudios de Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral, diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Administración de la Universidad Diego Portales. Actualmente cursa un MBA en la Universidad de Santiago de Chile. Es fundador y director de Rojas Legal Inmobiliario, firma especializada en derecho inmobiliario, copropiedad inmobiliaria y administración de condominios. Asimismo, ejerce la docencia en materias vinculadas a la administración de comunidades. Su actividad profesional y académica se concentra en el estudio y aplicación de la normativa inmobiliaria chilena, con especial interés en la copropiedad, los contratos inmobiliarios y el derecho registral.
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Referencias
- Ley N.º 21.659, sobre seguridad privada. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicada el 21 de marzo de 2024. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Decreto N.º 209 (Reglamento de Seguridad Privada de la Ley N.º 21.659). Ministerio de Seguridad Pública, 27 de mayo de 2025. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales (vigencia: 1-12-2026). Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicada el 13 de diciembre de 2024; rige desde el 1 de diciembre de 2026. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
¿Sus servicios de seguridad cumplen la nueva ley?
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