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Protección de datos personales en condominios y la Ley N.º 21.719
Toda comunidad administra datos personales, aunque nunca lo haya llamado así: el registro de copropietarios, los correos de las citaciones, las fichas del personal, el control de acceso y las grabaciones de las cámaras.
Hasta ahora eso se regía por la Ley N.º 19.628, de 1999, con consecuencias prácticas casi inexistentes. Con la Ley N.º 21.719 cambia el estándar y aparece un organismo con potestad sancionadora.
Este artículo considera la Ley N.º 21.719, publicada el 13 de diciembre de 2024, cuyas disposiciones comienzan a regir el primer día del mes vigesimocuarto posterior a esa publicación.
Qué datos trata una comunidad
Más de los que suele suponerse:
- El registro de copropietarios, arrendatarios y demás ocupantes, con domicilios y correos electrónicos. La propia Ley N.º 21.442 obliga al administrador a mantenerlo actualizado velando por la protección y el resguardo de los datos personales.
- Los antecedentes del personal del condominio: contratos, liquidaciones, cotizaciones.
- Los registros de visitas y el control de acceso.
- Las grabaciones de las cámaras de los espacios comunes.
- Los antecedentes de morosidad y los convenios de pago.
- La información sobre residentes electrodependientes o con movilidad reducida, que toca datos de salud y exige un cuidado mayor.
Los principios que ordenan todo lo demás
La ley enumera ocho principios: licitud y lealtad, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad, transparencia e información, y confidencialidad.
El de proporcionalidad es el que más corrige prácticas instaladas: se recogen los datos necesarios para la finalidad declarada, no todos los que se puedan recoger por si acaso.
Con qué justificación se pueden tratar
El tratamiento necesita una base de licitud. La regla general es el consentimiento del titular, que debe ser libre, informado y específico, previo e inequívoco, y es revocable. Corresponde al responsable probar que lo obtuvo.
Pero la ley contempla otras bases que no requieren consentimiento, y varias calzan con la operación de una comunidad:
- El cumplimiento de una obligación legal. Mantener el registro de copropietarios es una obligación de la Ley N.º 21.442.
- La ejecución de un contrato, o las medidas precontractuales solicitadas por el titular.
- Los intereses legítimos del responsable o de un tercero, siempre que no se afecten los derechos y libertades del titular. Esta es la base que normalmente sostiene la videovigilancia de los espacios comunes.
- La formulación, ejercicio o defensa de un derecho ante los tribunales.
Identificar cuál base sostiene cada tratamiento no es un ejercicio teórico: es lo primero que se pregunta ante un reclamo.
Los derechos de los residentes
La ley reconoce los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo.
El punto operativo es el plazo: el responsable debe responder la solicitud dentro de treinta días corridos, prorrogables por otros treinta en casos justificados. Si no responde o deniega, el titular puede reclamar ante la Agencia.
Una comunidad necesita, entonces, una vía definida para recibir esas solicitudes y un responsable de contestarlas dentro de plazo.
Qué debe tener preparada la administración
- Una política de tratamiento disponible. El responsable debe mantener a disposición del público, en su sitio web o medio equivalente, su política de tratamiento, los datos de contacto, las finalidades, la base de legitimidad, las medidas de seguridad y el período de conservación.
- Medidas de seguridad adecuadas al riesgo. La ley menciona, entre otras, la seudonimización y el cifrado, la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas, la capacidad de restaurar el acceso con rapidez y la verificación periódica de la eficacia de las medidas. El responsable debe poder acreditarlas ante un incidente.
- Un procedimiento ante brechas. Si ocurre una vulneración que implique un riesgo razonable para los titulares, debe reportarse a la Agencia por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas, y dejar registro de esas comunicaciones. Si afecta datos sensibles, datos de menores de catorce años o datos de obligaciones económicas, hay que comunicarlo además a cada titular afectado.
- Contratos con los encargados. Quien trata datos por encargo de la comunidad —el software de administración, la empresa de CCTV, la de cobranza— debe tener un contrato escrito que precise objeto, duración, finalidad, tipo de datos, categorías de titulares y las obligaciones de cada parte.
Las cámaras
La ley no tiene un artículo dedicado a la videovigilancia. Pero sí exige una evaluación de impacto cuando el tratamiento implique la observación o el monitoreo sistemático de una zona de acceso público, que es exactamente lo que hace el CCTV de un condominio en sus accesos.
A eso se suma que los datos biométricos son datos sensibles con reglas propias, lo que es relevante si la comunidad usa reconocimiento facial o huella para el control de acceso.
Las sanciones
Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas. Las leves se sancionan con amonestación escrita o multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales; las graves, con multa de hasta 10.000; las gravísimas, con multa de hasta 20.000. Hay recargos por no subsanar y agravamiento por reincidencia.
Fiscaliza la Agencia de Protección de Datos Personales, que determina las infracciones y ejerce la potestad sancionadora.
Qué hacer ahora
- Levantar un inventario de qué datos trata la comunidad, para qué y dónde están.
- Definir la base de licitud de cada tratamiento y el plazo de conservación, en particular de las grabaciones.
- Redactar la política de tratamiento y ponerla a disposición de los residentes.
- Revisar y actualizar los contratos con proveedores que acceden a datos.
- Definir quién recibe y contesta las solicitudes de los titulares, y en qué plazo.
- Documentar las medidas de seguridad y el procedimiento ante una brecha.
Sobre el autor
Ernesto Rojas
Ernesto Rojas Gamboa es abogado de la Universidad Central de Chile, con estudios de Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral, diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Administración para la Gestión en las Organizaciones de la Universidad Diego Portales. Actualmente cursa un MBA en la Universidad de Santiago de Chile. Es administrador de condominios desde 2021, inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, evaluador de competencias laborales de ChileValora en el perfil de administrador de condominios y docente de Administración de Edificios y Condominios en el CFT ICCE. Es fundador y director de Rojas Legal Inmobiliario.
Servicios relacionados
- Administración de Condominios. La gestión permanente de la comunidad conforme a la Ley N.º 21.442.
- Copropiedad Inmobiliaria. Asesoría jurídica para copropietarios, comités y comunidades.
Referencias
- Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicada el 13 de diciembre de 2024. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Ley N.º 19.628, sobre protección de datos personales. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicada el 28 de agosto de 1999. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Ley N.º 21.442, que aprueba la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicada el 13 de abril de 2022. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
¿Su comunidad está preparada para el nuevo estándar?
Podemos revisar qué datos trata su comunidad, preparar la política de tratamiento y ajustar los contratos con los proveedores que acceden a ellos.
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