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Quién fiscaliza a los administradores de condominios en Chile
Durante años, una comunidad disconforme con su administrador tenía dos opciones: removerlo o demandarlo. No existía una autoridad a la que reclamar por el incumplimiento de sus obligaciones.
La Ley N.º 21.442 creó esa vía. Hoy existe un órgano que conoce las reclamaciones, un procedimiento con plazos y un catálogo de sanciones que llega hasta la eliminación del Registro Nacional.
Quién conoce las reclamaciones
Las infracciones a las normas que regulan la administración de condominios, especialmente las contempladas en el artículo 20 de la ley —el que enumera las funciones del administrador—, son conocidas por las respectivas secretarías regionales ministeriales de vivienda y urbanismo.
Es decir: la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la región donde se emplaza el condominio.
A nivel central, la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que depende directamente del Ministro de Vivienda y Urbanismo, imparte las instrucciones para la aplicación de la ley mediante circulares disponibles en el sitio institucional, mantiene actualizados el Registro Nacional de Administradores y el Registro de Condominios Habitacionales, y ejerce labores de supervisión, coordinación y asesoría dentro del Ministerio.
Quién puede reclamar
Pueden interponer la reclamación ante la SEREMI:
- El comité de administración.
- Los copropietarios o arrendatarios que representen al menos el 15 % de las unidades del condominio.
El escrito debe especificar las acciones u omisiones en que se funda la reclamación y acompañar copia de los antecedentes que la respaldan. Esa exigencia no es formal: una reclamación sin respaldo documentado es el camino más corto a que se desestime por improcedente.
El procedimiento
- Recepción. Recibida la reclamación, el secretario regional ministerial puede desestimarla por improcedente, solicitar mayores antecedentes u ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio.
- Formulación de cargos. El procedimiento se inicia con una resolución que contiene los cargos, notificada por correo electrónico o carta certificada al domicilio registrado en la plataforma del Registro Nacional. Los cargos deben describir los hechos, la norma eventualmente infringida y la disposición que establece la sanción.
- Descargos. El presunto infractor tiene diez días hábiles para presentarlos, contados desde la notificación.
- Diligencias. Recibidos los descargos o vencido el plazo, la SEREMI examina el mérito de los antecedentes y puede ordenar diligencias para determinar si hubo incumplimiento y sus efectos.
- Resolución. Debe dictarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se haya evacuado la última diligencia ordenada.
La SEREMI también puede iniciar de oficio un procedimiento sancionatorio cuando toma conocimiento de que, por sentencia firme y ejecutoriada, se determinó la responsabilidad civil o penal de un administrador por no cumplir las obligaciones de esta ley en un condominio de su región.
Las sanciones
La ley clasifica las infracciones en gravísimas, graves, menos graves y leves, y a cada categoría le asigna un rango:
- Gravísimas: eliminación del Registro Nacional y/o multa a beneficio fiscal de cinco a diez unidades tributarias mensuales.
- Graves: suspensión por uno a tres años del Registro Nacional y/o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.
- Menos graves: amonestación por escrito y/o multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.
- Leves: amonestación por escrito.
Para determinar la sanción, el secretario regional ministerial debe considerar los efectos producidos por la infracción: si puso en riesgo la vida o la seguridad de los ocupantes, si afectó los derechos de los copropietarios, si obligó a efectuar gastos extraordinarios o el perjuicio económico provocado a la comunidad.
La multa a beneficio fiscal debe pagarse a la Tesorería General de la República dentro de los treinta días hábiles contados desde que la sanción queda firme y ejecutoriada.
Qué cae en cada categoría
Algunos ejemplos que conviene tener presentes:
- Es gravísima actuar como administrador estando inhabilitado o habiendo perdido los requisitos de inscripción; entregar antecedentes falsos sobre la administración que induzcan a error o impidan evaluar la gestión; y no cumplir las obligaciones de cuidado de los bienes comunes o de mantenciones cuando ese incumplimiento causó daño a la seguridad de las personas, lesiones o muerte.
- Es grave ese mismo incumplimiento de cuidado y mantenciones sin aquellos efectos, y no cumplir lo relativo a la contratación y término de los contratos de los trabajadores de la copropiedad.
- Es menos grave no ejecutar los actos de administración y conservación, no velar por el cumplimiento normativo, no citar a asamblea ni agregar las actas al archivo, y no entregar la información que requiera la Secretaría Ejecutiva de Condominios.
- Es leve el incumplimiento de las demás funciones, entre ellas las de recaudación y contabilidad, la representación en juicio y la contratación de seguros.
La reincidencia agrava: reincidir en una infracción grave dentro de tres años es gravísima, y reincidir en una menos grave dentro de dos años es grave.
Cómo recurrir
Frente a la resolución del secretario regional ministerial que aplique una sanción procede el recurso de reposición, que debe interponerse dentro de cinco días hábiles ante la misma entidad que dictó el acto, y en subsidio el recurso jerárquico ante el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Si no se deduce reposición, el recurso jerárquico se interpone ante el Subsecretario dentro de los cinco días siguientes a la notificación.
Dos reglas que conviene no pasar por alto
No se puede duplicar la vía. Interpuesta una reclamación ante la secretaría regional ministerial, el mismo reclamante no puede deducir igual pretensión contra el administrador ante el juzgado de policía local ni ante la respectiva municipalidad. Conviene decidir la vía con asesoría antes de presentar.
Las reclamaciones prescriben. El plazo es de dos años contado desde la acción u omisión reclamada.
Sobre el autor
Ernesto Rojas
Ernesto Rojas Gamboa es abogado de la Universidad Central de Chile, con estudios de Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral, diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Administración para la Gestión en las Organizaciones de la Universidad Diego Portales. Actualmente cursa un MBA en la Universidad de Santiago de Chile. Es administrador de condominios desde 2021, inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, evaluador de competencias laborales de ChileValora en el perfil de administrador de condominios y docente de Administración de Edificios y Condominios en el CFT ICCE. Es fundador y director de Rojas Legal Inmobiliario.
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Referencias
- Ley N.º 21.442, que aprueba la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicada el 13 de abril de 2022. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Decreto 7, que aprueba el reglamento de la Ley N.º 21.442. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado el 9 de enero de 2025. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Decreto 5, de 2023, que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Administradores de Condominios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado el 26 de marzo de 2024. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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