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Copropiedad Ernesto Rojas

Cómo resolver conflictos dentro de una comunidad de copropietarios

Ruidos, mascotas, estacionamientos, filtraciones, multas y decisiones del comité suelen escalar porque se discuten por canales informales. Una respuesta eficaz separa los hechos, la norma aplicable y la solución que puede adoptar cada órgano.

Primero: identificar el problema y reunir antecedentes

La administración debe registrar fecha, lugar, personas involucradas, evidencia disponible y norma presuntamente infringida. Capturas aisladas o mensajes de un chat pueden orientar, pero no siempre acreditan el hecho. En filtraciones o daños técnicos conviene obtener informes antes de atribuir responsabilidad.

Segundo: revisar las reglas aplicables

No todo comportamiento molesto es una infracción sancionable. Deben revisarse la Ley N.º 21.442, su reglamento, el reglamento de copropiedad, acuerdos vigentes, ordenanzas municipales y, cuando corresponda, normas civiles, laborales o sanitarias. Una circular de administración no puede crear por sí sola una multa inexistente.

Tercero: aplicar una escala de respuesta

La ruta recomendable es comunicación preventiva, requerimiento escrito, instancia de conversación o mediación y, solo si procede, sanción o acción judicial. El afectado debe conocer el hecho imputado y tener una oportunidad razonable de formular observaciones. El administrador debe evitar tomar partido o divulgar antecedentes innecesarios.

¿Quién puede resolver?

El administrador ejecuta y documenta; el comité adopta decisiones dentro de sus atribuciones; la asamblea resuelve materias que la ley le reserva. Los Juzgados de Policía Local conocen controversias de copropiedad en los casos previstos por la ley. Según el asunto, también pueden intervenir tribunales civiles, municipalidades, SEREMI, Dirección del Trabajo u otras autoridades. Las partes pueden, además, someter la controversia a arbitraje.

Conflictos frecuentes

  • Ruidos: registrar episodios y aplicar reglamento y ordenanzas; la ley los sanciona con multa de 1 a 3 UTM ante el Juzgado de Policía Local, y la denuncia debe hacerse dentro de tres meses.
  • Filtraciones: determinar origen antes de distribuir costos.
  • Estacionamientos: revisar dominio, asignación y bienes comunes.
  • Mascotas: el reglamento no puede prohibir su tenencia dentro de las unidades, pero sí regular su uso de los bienes comunes.
  • Multas: verificar tipificación, competencia, procedimiento y respaldo.
  • Morosidad: usar mecanismos legales de cobro —convenios de pago, juicio ejecutivo ante el juez de letras y, con acuerdo del comité, suspensión de suministros en los casos legales—, sin hostigamiento.

Cuándo buscar asesoría

Es aconsejable obtener revisión jurídica cuando existe riesgo para personas, daños relevantes, acuerdos discutibles, datos sensibles, reiteración de conductas o posibilidad de juicio. Una opinión temprana suele ser menos costosa que corregir un procedimiento inválido.

Sobre el autor

Ernesto Rojas

Ernesto Rojas Gamboa es abogado de la Universidad Central de Chile, con estudios de Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral, diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Administración de la Universidad Diego Portales. Actualmente cursa un MBA en la Universidad de Santiago de Chile. Es fundador y director de Rojas Legal Inmobiliario, firma especializada en derecho inmobiliario, copropiedad inmobiliaria y administración de condominios. Asimismo, ejerce la docencia en materias vinculadas a la administración de comunidades. Su actividad profesional y académica se concentra en el estudio y aplicación de la normativa inmobiliaria chilena, con especial interés en la copropiedad, los contratos inmobiliarios y el derecho registral.

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¿Un conflicto en su comunidad está escalando?

Si su comunidad o proyecto inmobiliario necesita una revisión aplicada a sus antecedentes, Rojas Legal puede evaluar la documentación, identificar riesgos y proponer un plan de acción.

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